José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La regidora panista de Iguala, Rosario Bustillos Muñoz, la presidenta del Comité estatal, Rocío Morales Morales y la diputada Irene Montiel Servín, informaron que acudirán a todas las instancias para denunciar la modificación del reglamento interno del Ayuntamiento, conocida como Ley Mordaza, que prohibe a los regidores informen sobre temas financieros, obras, servicios y acuerdos.
En conferencia de prensa en el Congreso localdo, donde las panistas llegaron con la boca tapada con cinta, en alusión a lo que llamaron Ley mordaza, denunciaron que en dicho reglamento el alcalde también tiene la facultad de sancionar a los regidores que lo incumplan.
“En el artículo 84 dice que como ediles podemos ser objeto de las siguientes sanciones: Exhorto aplicado directamente por el presidente municipal, amonestación aplicada durante la sesión (de cabildo) por el presidente municipal, y multa cuyo cuyo monto será dos veces el salario mínimo mensual vigente en la región y la solicitud de suspensión al honorable Congreso del Estado, la cual será acordada por la mayoría de los integrantes del cabildo”.
La regidora explicó que la modificación al reglamento agrega que los ediles deben abstenerse de grabar, difundir o publicar el contenido de las sesiones del Cabildo en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Bustillos Muñoz agregó que interpuso una denuncia por violencia de género que fue desechada. El pasado viernes acudió a denunciar la inconstitucionalidad de dicho reglamento a Palacio Nacional, donde entregó en la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia de la República un expediente con las irregularidades del alcalde y que con el apoyo del PAN agotarán todas las instancias jurídicas para echar abajo dicho reglamento.
“Yo hice una manifestación muy respetuosa en Palacio Nacional para dar a conocer la situación de Iguala, porque el reglamento ya se aprobó y ya entró en vigor, pero va en contra de la Constitución Política federal, así como la del estado”, contó la regidora.
Bustillos Muñoz aseguró que el reglamento aprobado por el Cabildo de Iguala la semana pasada, viola los principios constitucionales del país y del estado, por lo que el legislativo puede intervenir con alcances de echarlo abajo.
La diputada Montiel Servín agregó que desde el Congreso buscarán que dicho reglamento sea conforme a la ley “y que no sea nada más a conveniencia del presidente municipal y haremos todo lo conducente para echar abajo ese reglamento”.
El pasado 9 de abril, el Cabildo de lguala aprobó un reglamento interno de sesiones en el que obliga a sus integrantes a “guardar la reserva debida de los asuntos que por sus funciones conozcan, cuya revelación pueda afectar al Ayuntamiento o comprometer la confidencialidad de información reservada”.
También prohíbe la grabación, difusión o publicación de contenido de las sesiones de forma total o parcial en medios de comunicación, redes sociales o cualquier plataforma digital.
El reglamento obliga a los ediles a mantener “bajo estricta reserva” toda la información de carácter patrimonial, financiera o presupuestal “cuya divulgación prematura pudiera generar perjuicios a la hacienda municipal o comprometer procesos de licitación, contratación o negociación”.
La regidora panista aseguró que el acuerdo de sesiones es derivado de las denuncias que realizó luego de que fuera aprobado el presupuesto de Egresos municipal 2026, el pasado 30 de marzo. En dicho presupuesto hubo un incremento de 17 millones de pesos para rubros de gasolina con respecto al 2025 sin que aumentara el parque vehicular del Ayuntamiento; reveló que había una discrepancia en remuneraciones para regidurías de un 49 por ciento, y
sueldos “de algunos funcionarios distintos a los de regidores”.