El pasado domingo, los brasileños fueron a las urnas para elegir a su futuro presidente. Jair Bolsonaro, el candidato del Partido Social Liberal (PSL), obtuvo el 55.1% de los votos, es decir una mayoría política amplia frente a Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que logró el 44.9% de los sufragios. A nivel territorial, Haddad logró una aplastante mayoría en los nueve estados del nordeste del país, en particular en el estado de Bahía (tercer colegio electoral del país), donde se alzó con más del 70% de los votos. Por el contrario, en los principales colegios electorales del país, como Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los resultados fueron catastróficos para el heredero del ex presidente Lula: en Río de Janeiro, el PT obtuvo en la segunda vuelta 42% menos votos que durante la segunda vuelta de 2014, fecha de la reelección de la ex presidenta Dilma Rousseff. La mayoría de estos votos se dirigieron hacia Bolsonaro, un ex capitán del ejército, abiertamente de extrema derecha, defensor de la dictadura militar que gobernó a Brasil de 1964 a 1985 y crítico de los derechos humanos, de las minorías (negros, población LGBT, indígenas), opuesto al movimiento de los campesinos sin tierra y de manera más general, enemigo del PT y de la izquierda.
A pesar de su discurso de miedo y odio, en el cual llamó a sus simpatizantes a “fusilar” a los militantes del PT, así como a amenazarlos con el “exilio o la cárcel” en caso de victoria, Bolsonaro logró atraer a diferentes sectores de la sociedad brasileña, con intereses inclusive antagónicos. En primer lugar, Bolsonaro conquistó a una buena parte de la élite de la sociedad brasileña, que consideraba que el discurso del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que se había radicalizado en los últimos años, había perdido coherencia a raíz del descubrimiento de los escándalos de corrupción que envolvían a su ex candidato presidencial y ex presidente del partido, Aecio Neves. También logró conquistar a una buena parte de los mercados financieros brasileños, al nombrar a Paulo Guedes, un poderoso financiero de Sao Paulo, como su asesor económico. Este último le dio un giro a las inclinaciones de política económica de Bolsonaro, que era un intervencionista, para convertirlo al neoliberalismo extremo, en consonancia con las medidas implementadas por los llamados Chicago Boys en el Chile de Augusto Pinochet. Más adelante, ya con el apoyo de estos sectores, Bolsonaro utilizó su imagen de militar para enfatizar su discurso contra la inseguridad, que azota a los brasileños, pero principalmente a las personas más pobres que viven en los suburbios de los grandes centros urbanos. En el año 2017, más de 63 mil personas perdieron la vida de manera violenta en Brasil. De tal manera que el miedo imperante en estas periferias fue explotado por la candidatura de Bolsonaro, que para ello usó un discurso simplista pero eficaz: en vez de equipar a las policías, entrenarlas de mejor manera y reforzar la presencia de las instituciones en el territorio, así como hacer valer el Estado de derecho en esos barrios sin ley, Jair Bolsonaro propuso liberalizar el porte de armas de fuego, para que las personas hagan su propia ley sin pasar por la justicia, las policías o el Estado de manera más general.
De tal suerte que la ley del más fuerte será la privilegiada por Bolsonaro. Como lo hemos visto en Estados Unidos, en donde los homicidios por arma de fuego se multiplican día con día (el último ejemplo, el sábado pasado con el ataque a una sinagoga que dejó 11 muertos), este tipo de soluciones no sólo no resuelven el problema de la violencia, sino que contribuyen a agravarlo. Sin embargo, para los apoyadores de Jair Bolsonaro, como los numerosos fieles de las iglesias evangélicas que votaron a más de 70% en su favor, lo único que hay que se necesita es tener fe. Por el momento, la única certeza es que la democracia en Brasil está bajo amenaza.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada