El pasado lunes el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, anunció la abrogación del decreto 883 del poder ejecutivo, que revocaba los subsidios a los combustibles en ese país. Este hecho ocurrió después de semanas de movilizaciones de las organizaciones indígenas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Las protestas encabezadas por las comunidades indígenas de Ecuador que pusieron en jaque a las autoridades dejan un balance dramático. Según los últimos datos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo, durante los enfrentamientos hubo ocho fallecidos y mil 340 heridos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a mil 192 personas, de las que casi 300 enfrentan un proceso judicial. A esas cifras se suman las pérdidas millonarias sufridas por el país y especialmente por Quito. Hace una semana, cuando las movilizaciones aún no habían llegado a la capital, la Cámara de Comercio de Guayaquil estimó que los daños económicos rondaban los 260 millones de dólares.
Esta crisis, generada por un decreto económico que afectaba especialmente a un sector de la población, dio pie a las protestas hasta que una de las partes cedió y se resolvió el conflicto, situación que frecuentemente existe en América Latina. Sin embargo, lo que se vivió en el Ecuador en la última semana y media tiene también una dimensión política que ahondó la brecha entre el actual presidente y su antecesor, Rafael Correa. De hecho, pocas horas después del anuncio del acuerdo entre los indígenas y el gobierno, algunos aliados del Rafael Correa, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el ex diputado Virgilio Hernández, y la ex alcaldesa Alexandria Arce, fueron detenidos por, presuntamente, incitar a la violencia en las protestas contra la reforma económica del gobierno de Lenin Moreno. Además, agentes de la Fiscalía y la Policía registraron la casa de Pabón en Quito, donde fueron incautados equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Asimismo, durante el fin de semana, Gabriela Rivadeneira, asambleísta y figura relevante del movimiento correísta, solicitó protección en la embajada de México. En represalia, las instalaciones de esta última fueron vandalizadas por desconocidos, sin que la policía ecuatoriana actúe en consecuencia, lo que generó una protesta diplomática del gobierno de México.
Por otro lado, los presidentes de Colombia y Chile denunciaron una voluntad de “derrocar” al gobierno de Lenin Moreno por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sin presentar ninguna prueba de ello. De tal suerte que esta crisis política ya tomó una dimensión internacional.
Más allá del conflicto entre el gobierno y los indígenas, el tema de fondo está ligado a la gobernanza misma de Ecuador. En efecto, desde el principio de la transición política en ese país, en 1979, Ecuador se ha caracterizado por ser una democracia inestable políticamente, marcada por el peso de los regionalismos, y en particular del antagonismo entre la costa (Guayaquil) y la sierra (Quito), así como por la conservación de la influencia política del sector militar. De hecho, los tres presidentes anteriores a Rafael Correa (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron destituidos y tuvieron que renunciar ante la presión popular. La llegada de Rafael Correa significó un giro político y económico radical, que consolidó el poder del Estado frente a los lobbies, en particular del sector militar, y se tradujo por una estabilidad política inédita en este país amazónico. Infelizmente, el regreso de la vieja clase política de la mano del presidente Lenin Moreno se ha traducido en el regreso de prácticas claramente autoritarias, como la imposición de un estado de excepción, dejando en evidencia la fragilidad del gobierno actual. Si bien la movilización indígena terminó, es posible que Ecuador vuelva a estar inmersa en una nueva crisis política en los próximos meses.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada