El pasado viernes, miembros del cuerpo de élite de la policía ecuatoriana irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, que residía allí desde diciembre. Había solicitado asilo tras ser acusado de corrupción y se lo había concedido horas antes. La redada provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, anunció la interposición de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al tiempo que recibía a los diplomáticos mexicanos.
Esta acción no tiene precedentes en América Latina –ni siquiera durante la época de las dictaduras militares, se llevó a cabo tal afrenta al derecho internacional. En efecto, los locales diplomáticos se consideran suelo extranjero e inviolable según la convención de Viena, y las fuerzas del orden del país anfitrión no pueden entrar sin permiso del embajador o jefe de misión. Las personas que solicitan asilo han vivido desde días hasta años en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, durante siete años, ya que la policía británica no podía entrar para detenerlo, hasta que, durante el gobierno de Lenin Moreno, el gobierno ecuatoriano le dio permiso a la justicia británica de acceder a la embajada para arrestarlo.
Es por ello que este acto político-policial fue ampliamente condenado a nivel internacional. La Organización de Estados Americanos recordó en un comunicado a sus miembros, entre los que se encuentran Ecuador y México, su obligación de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, en un comunicado el domingo, dijo que la entrada por la fuerza en la embajada de México en Quito constituye una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó también su “alarma” ante tal medida.
El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, en virtud del derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.” La presidenta hondureña, Xiomara Castro, calificó la incursión de “acto intolerable para la comunidad internacional” y de “violación de la soberanía del Estado mexicano y del derecho internacional” porque “desconoce el histórico y fundamental derecho de asilo”. ¿Cómo explicar que gobiernos cercanos al régimen de Noboa, como el de Estados Unidos, hayan decidido expresarse de esta manera?
Para entenderlo, es necesario tener en cuenta que los principios mismos del derecho internacional han sido puestos en entredicho desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Si bien han existido guerras e invasiones de países sin el respaldo del consejo de seguridad de las Naciones Unidas (guerra en Irak de 2003, la intervención en Libia en 2011, o las diferentes guerras en la región de los grandes lagos en el centro de África), el impacto de la ofensiva rusa no tiene precedentes en el orden internacional. A raíz de esta acción, todo apunta a que la voluntad de hacer valer la ley y el derecho internacional haya perdido relevancia, en un contexto de competencia desinhibida por el poder.
Si bien Ecuador no tiene el objetivo de declarar una guerra a México, está claro que la toma de la embajada de México en Quito se inscribe en esta desinhibición en la voluntad de no respetar el orden internacional si éste no es favorable a los intereses de un país. Hasta ahora, América Latina se había distinguido de otras regiones del planeta, al destacarse como una zona de paz interestatal. Al permitirse invadir una embajada, Ecuador creó un precedente muy grave en América Latina, que podría tener repercusiones considerables para todo el mundo si no se le pone un alto desde ahora.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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