En América Latina existen casos de presidentes que para “saltarse” al Congreso han gobernado a base de decretos. Los que han actuado así tienen en común que son gobernantes autoritarios. Ahora el presidente López Obrador se suma a ellos.
El pasado 16 de marzo, en Semana Santa, firmó un memorándum, fuera de las atribuciones que le concede la Constitución, donde instruye a los secretarios de Hacienda, Educación y Gobernación a “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
Los estudios del derecho coinciden en que el presidente no tiene ninguna facultad para desconocer una reforma constitucional como la de educación. Eso solo corresponde al Poder Legislativo quien es el que la emitió. No hay espacio para las interpretaciones.
López Obrador lo sabe, pero de manera consciente viola la ley como lo hacen los presidentes autoritarios que se ponen por encima de la Constitución y obliga a sus secretarios a que también participen en la violación de las leyes. Ellos obedecen.
Que el Poder Ejecutivo pase sobre la Constitución y las decisiones que corresponden a otro poder, para el caso el Poder Legislativo, implica, por la vía de los hechos, un golpe de Estado. No es una exageración. Eso es.
La decisión del presidente es un atentado contra la vida democrática del país que tanto ha costado construir. Ha implicado la vida de muchas y muchos. Ahora, él está en la Presidencia precisamente porque existe un sistema electoral propio de la democracia que cuenta los votos y reconoce como ganador al que tiene más.
Los líderes de Morena en el Congreso justifican el golpe de Estado al Poder Legislativo dado por el presidente a pesar de que ahí su partido tiene la mayoría. Se suman al rompimiento del orden constitucional que ellos están obligados a defender como integrantes de ese poder. Ellos también obedecen al presidente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano del Estado, le pide al presidente que rectifique el memorándum porque es una medida que pasa sobre la Constitución y que suspender la reforma educativa violenta los derechos humanos de los niños y los adolescentes.
Y le dice al presidente que “nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes”.
Tan grave como el golpe de Estado del presidente, al no respetar la división de poderes, es que la sociedad, las instituciones y los medios no reaccionen con la fuerza que exige una acción de esta gravedad. Está en juego la democracia y el orden constitucional que fundan la República. El presidente se asume como un gobernante autoritario capaz de todo, para hacer lo que le venga en gana. No son buenos tiempos para México.

Twitter: @RubenAguilar