La semana pasada, Argentina ocupó un buen espacio en las columnas de la prensa internacional. Después de más de una década de kichnerismo, tanto el de Néstor (2003-2007) como el de Cristina (2007-2015), el país sudamericano ha vuelto a abrirse a la inversión extranjera y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para eso, el presidente Mauricio Macri, elegido a finales del año pasado, no dudó en pagar varios miles de millones de dólares a los fondos especulativos estadunidenses –llamados en Argentina los “fondos buitres”–, lo cual significó un costo muy elevado para las finanzas públicas de aquél país. Pero la política pro empresarial del primer gobierno no peronista en Argentina en décadas ya está siendo puesta a prueba, en particular porque sus beneficios son dudosos por sus resultados ambivalentes.
Para los mercados, la prensa económica internacional y los hombres de negocios argentinos, las cosas van por buen camino. Durante el foro internacional de negocios organizado por el gobierno argentino, que fue inaugurado el pasado 13 de septiembre por Macri, centenas de empresarios, en particular extranjeros, aplaudieron el programa de privatizaciones, la reducción del gasto público y la lucha contra la inflación del nuevo gobierno. Para ellos, el aumento de las tarifas de los principales servicios públicos como el agua, el gas, la luz, a raíz de la desaparición de los subsidios implantados durante el régimen kichnerista, son una etapa difícil, pero necesaria para retomar a mediano plazo la ruta de un crecimiento económico sustentable. Se trata, ante todo, de controlar la inflación, al mismo tiempo que de permitir que los indicadores económicos producidos por el gobierno sean creíbles a los ojos de la comunidad internacional, en particular del FMI.
Sin embargo, a raíz de estas decisiones, el empleo, de la misma manera que el poder de compra, han disminuido fuertemente en los últimos meses. Hoy el índice oficial de desempleo se encuentra en 9.3%. Desde que Macri llegó al cargo, 1.4 millones de personas regresaron a la condición de “pobreza” según los indicadores del instituto argentino de estadísticas, al tiempo que la producción industrial disminuyó 7.9% únicamente durante el pasado mes de julio. Si bien la inflación no aumentó en agosto, según las cifras del gobierno, la tendencia continúa al alza en el acumulado de 2016: cerca de 40% al año. De esta manera, si bien la percepción en los mercados financieros es de un gran optimismo, en las calles parece existir la opinión contraria. Para el argentino de a pie, las cosas están empeorando en el plano económico, sin vistas de mejoras inmediatas. Para que las cosas cambien en el buen sentido, el sector privado debería lanzar un plan de contrataciones. Sin embargo, a pesar de la buena imagen recién adquirida en el plano internacional, esto no se ha traducido en un aumento sustantivo de las inversiones. Al ver entrar a América Latina, de manera general, en un ciclo económico y político de incertidumbre, los empresarios continúan estando cautelosos. En particular, se preguntan si esta vez Argentina adoptará un camino liberal a largo plazo. Por el momento, las dudas persisten y las inversiones no llegan. El problema es que los argentinos que perdieron su trabajo no tienen ese tiempo.
Si bien el gobierno Macri continúa disfrutando de niveles de aprobación en las encuestas superiores a los vistos en México, queda claro que esta situación no se prolongará por mucho tiempo. Sin cambios en la conducción de la política económica, es probable que las manifestaciones y los cacerolazos regresen a las calles.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada