A cuarenta días de la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil, el optimismo parece haber cambiado de bando. En efecto, la izquierda, el Partido de los Trabajadores (PT) y el ex presidente Lula recibieron muy buenas noticias, empezando por la publicación de cuatro encuestas de opinión. Si bien cada estudio demoscópico tiene cifras diferentes, el resultado político ha sido el mismo: todos los candidatos a la presidencia están estancados o ligeramente a la baja, salvo el ex presidente Lula. Si las elecciones se llevaran a cabo el día de hoy, este último estaría a punto de ganar la elección desde la primera vuelta, con un promedio de 48 por ciento de los votos. De manera más precisa, según los números de la encuesta Datafolha divulgada el pasado miércoles, la intención de voto espontánea de Lula pasó del 10% al 20% en un mes, lo cual da muestra de la fuerza política del ex presidente, a pesar de estar en la cárcel en la ciudad de Curitiba desde hace más de tres meses. Esta fuerza política recobrada le permite al PT tener excelentes resultados en las encuestas para sus candidatos a gobernador, al Senado y a la Cámara de Diputados, de tal suerte que es probable que el partido fundado por Lula en 1980 obtenga más gubernaturas y senadurías que en 2014, cuando Dilma Rousseff fue electa por segunda ocasión. Por otro lado, la movilización internacional en torno a la condena injusta en contra de Lula tomó nuevo aliento en días recientes con la divulgación de dos misivas enviadas al presidente Michel Temer y a los miembros de la Corte Suprema de Brasil por un grupo de juristas y abogados de renombre internacional, como el juez español Baltasar Garzón, Joan Garcés, la profesora del Collège de France Mireille Delmas-Marty, el ex miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU Louis Joinet, el ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Philippe Texier, y el profesor de Derecho emérito en la Universidad de Roma 3, Luigi Ferrajoli, entre otros. Estas cartas ponen de relieve las diversas injusticias cometidas en contra del ex presidente Lula durante los últimos tres años de proceso judicial. El hecho de que estas cartas contengan un contenido crítico hacia la acción del juez Sergio Moro ha provocado que la prensa tradicional brasileña no publique su contenido. No obstante, diversos medios internacionales, en particular el periódico El País, las reprodujeron, lo que le dio visibilidad internacional y peso político en Brasil.
Sin embargo, la principal victoria política y jurídica de Lula y de su equipo de abogados fue la que obtuvieron en el seno del Comité de Derechos Humanos de la ONU, hace quince días. Este comité, compuesto por 18 expertos independientes, decidió mantener los derechos políticos del ex presidente de cara a la elección presidencial de octubre. Como Brasil adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ratificó el protocolo adicional ligado a este Pacto en 2009, las decisiones del Comité tienen un carácter vinculante. A pesar de esto, la cancillería brasileña rápidamente lo desmintió por la vía de un comunicado de prensa. Desde entonces, una polémica jurídico-política sobre la posibilidad de aplicar este Pacto o no nació en la opinión pública. Como el gobierno sabe que Lula sería imbatible en la elección presidencial, está haciendo todo lo posible para evitar que este debate se profundice, al tratar de deslegitimar la decisión del comité. El problema para el gobierno como para la justicia, es que en caso de que esta última decida quitarle sus derechos políticos al ex presidente Lula, lo que posiblemente sucederá la próxima semana, Brasil violaría sus propios compromisos internacionales y se pondría al margen del derecho internacional. En un contexto de fuerte polarización política y social, una eventual falta de legitimidad del próximo gobierno brasileño a raíz de la exclusión arbitraria de Lula de la contienda electoral pondría en entredicho el futuro de Brasil y de América Latina.

* Director Ejecutivo del Observatorio Politico de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris.

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